Toluca / Estado de México
Se propuso elaborar un proyecto de dictamen para eliminar el fuero de los servidores públicos presentado por la legisladora Azucena Cisneros Coss, lo cual analizarán las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la LX Legislatura.
En reunión de trabajo que presidió la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), los diputados coincidieron en agregar a este dictamen la iniciativa del legislador Omar Ortega Álvarez, coordinador del grupo parlamentario PRD, que también propone la eliminación del fuero pero sólo para los casos de servidores sentenciados.
Durante la reunión, la legisladora proponente Azucena Cisneros y sus compañeros de bancada Faustino de la Cruz Pérez, Beatriz García Villegas y Mario Gabriel Gutiérrez Cureño se pronunciaron por dictaminar sin mayores retrasos la iniciativa de reforma a los artículos 30 fracción I, 42, 61 fracción XXXIX, 131, 132 y 136 de la Constitución Política local, siguiendo el ejemplo de al menos 15 entidades del país que ya legislaron sobre este tema.
Para Azucena Cisneros, con voluntad política será posible calificar pronto esta reforma sin esperar a que en el Congreso de la Unión se vote la iniciativa respectiva. La legisladora de morena, quien recordó que su iniciativa busca terminar con los excesos, el abuso de poder y la impunidad al amparo de un cargo público, aceptó que en el dictamen se incluya la iniciativa del coordinador perredista, quien previamente había hecho este planteamiento.
La propuesta es que aplique para el gobernador, los diputados de la Legislatura del Estado, los magistrados, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia y los integrantes de los órganos autónomos.
A nombre del PRI, el diputado Juan Maccise Naime, quien refrendó el compromiso de su grupo parlamentario de trabajar por gobiernos honestos y apegados a la ley, se pronunció por esperar a la determinación del Congreso de la Unión para que ambas reformas sean homogéneas. Carlos Loman Delgado, coordinador del PES, planteó la necesidad de una redacción precisa de la reforma para que implique un cambio real, y apoyó que se siga estudiando en mesas particulares.
Para el PT, en voz de Armando Bautista Gómez, el punto es diseñar una legislación que siga garantizando a los servidores, sobre todo a los diputados, cierta protección contra los abusos de otras autoridades, al mismo tiempo que evite que esto sirva de protección contra sus propios excesos. Max Agustín Correa Hernández, legislador de morena, planteó que se legisle viendo hacia adelante y propuso que se dictamine en la próxima reunión.
Por el PAN, Ingrid Krasopani Schemelensky, quien recordó que su partido fue el primero en poner el tema sobre la mesa de debate, propuso cambios a la redacción de la iniciativa para mayor precisión, como en el caso del artículo 131 donde, al referirse a los delitos en que puede incurrir el gobernador no es necesario incluir la expresión “delitos contra la seguridad del estado”, pues se infiere que también están incluidos. Por su parte, la diputada María Mercedes Colín planteó que en el tratamiento de estas iniciativas las comisiones unidas han seguido las instrucciones de la Junta de Coordinación Política.
En la misma reunión, respecto de la iniciativa para establecer que las copias de las actas de nacimiento expedidas por el Registro Civil del Estado de México no tengan fecha de vencimiento, las comisiones unidas acordaron realizar mesas de trabajo con funcionarios de esa dependencia y de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, ya que consideraron que requieren más información tanto jurídica como financiera que les permitan dictaminar.
Los legisladores coincidieron en destacar las bondades de esta propuesta de reforma al Código Civil que presentó la diputada de morena Anaís Miriam Burgos Hernández, porque representaría un ahorro en la economía de las familias, pero advirtieron que debe evaluarse su impacto en las finanzas y en la certeza jurídica del acto de expedir el documento y su uso por parte de los mexiquenses.
También decidieron continuar el análisis de la iniciativa del diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño para reformar el Código Penal a fin de ampliar el catálogo de delitos graves e incluir los delitos de odio basados en el rechazo a las preferencias sexuales. En este punto, la diputada del PRI Lorena Marín Moreno pidió reunirse con el titular de la Fiscalía General de Justicia para conocer su opinión.
En el último punto de la reunión —la iniciativa de reforma a la Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, propuesta por la legisladora de morena, María del Rosario Elizalde Vázquez—, ambas comisiones avalaron esperar a que el Congreso de la Unión apruebe la ley general de la materia, pues derivado de las últimas reformas constitucionales es su facultad redactar tal ordenamiento que será de carácter nacional, lo que significa que en la entidad no será necesario legislar al respecto.
